Diez medidas urgentes que no requieren incremento presupuestario ante la crisis

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales notifica que: “Se nos acaba el tiempo de parar la crisis social. Más allá de las consecuencias sanitarias y del impacto económico es preciso prevenir los riesgos sociales del coronavirus: mantener la convivencia y proteger a las personas vulnerables. Cuando afloren las peores consecuencias de esta crisis sanitaria se volverán a hacer evidentes sus efectos sobre la pobreza y la exclusión social en enormes sectores de población, a los que atenderemos en un sistema disperso y recortado al que no acaba de llegar ni la financiación suficiente ni los cambios normativos para aplicarla”.

La Orden SND//295/2020 por la que se considera a todo el personal de los Servicios Sociales como personal esencial. Esta consideración debe extenderse a lo largo de todo el tiempo que se sostenga la crisis social. De exactamente la misma forma hay que demandar lo aprobado en los decretos sobre que las Entidades Locales deben invertir el veinte% del superávit que autorizo el gobierno de España y que aún no se ha ejecutado en la enorme mayoría de los Ayuntamientos.

La asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales plantea diez medidas (que no requieren incremento presupuestario) de las Administraciones Públicas mas que son indispensables acometer de forma urgente para encarar la crisis social.

1. Acometer reformas precisas en el Sistema de Atención a la Dependencia que agilicen los trámites y faciliten los procedimientos, (informes, valoraciones, plan individual de atención y resoluciones) deben agilizarse y unificarse para dar contestación inmediata en esta crisis, deben aplicarse medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o bien prestación sin precisar resolución de un nuevo procedimiento.

2. Simplificar los procedimientos burocráticos del Ingreso Mínimo Vital y establecer mecanismos de coordinación con las CC.AA. para agilizar la trasferencia de las personas adjudicatarias de las rentas mínimas de inserción. Garantizando el derecho a la prestación económica y desde los Servicios Sociales el derecho a la Inserción Social.

3.- Es indispensable la regulación por Decreto-Ley del Gobierno, de las Ayudas de Urgencia Social, personalizadas y no periódicas, de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos, reconociendo su naturaleza jurídica concreta como Ayudas de Urgencia, con las consecuentes garantías para su aplicación inmediata efectiva: disponibilidad de caja, fiscalidad del gasto a posteriori, crédito ampliable… sin más ni más requisitos que la prescripción del profesional de referencia. Dicha regulación, incluirá, igualmente, la modificación coherente del Artículo dos.4., de la Ley treinta y ocho-dos mil tres de Subvenciones, en el que se establecen los presuntos que “No tienen carácter de subvenciones”, al objeto de incluir entre ellos las “Ayudas Económicas de Urgencia Social, individualizadas y no periódicas”.

4. Monitorizar los datos de las viviendas para implantar un sistema de alarma temprana y seguimiento, complementándolo con estudios de centros. Implantando protocolos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios que garanticen la atención sanitaria de los residentes, singularmente desde la atención primaria. Además de diseñar corredores seguros para poder establecer los drenajes precisos en las viviendas para atender conforme gravedad en centros de salud o bien en centros residenciales Covid con servicios ordenados de Servicios Sociales y Sanitarios a quienes lo requieran.

5. Reorganizar el Servicio de Ayuda a Domicilio para ajustar con nuevas intervenciones a las personas adjudicatarias y/o a otras nuevas usuarias. Implantando la teleasistencia a las personas mayores que vivan solas.

6. Garantizar proyectos y también trayectos seguros de intervención con los menores y adolescentes en situación de peligro conforme a la Ley de Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la adolescencia frente la violencia.

7. Implementar planes integrales en zonas desfavorecidas o bien distritos vulnerables que permitan la convivencia positiva y la inserción social de sus poblaciones.

8. Promover la complementariedad de las acciones del tercer sector, desde la indicación de la administración pública, sobre los derechos de ciudadanía que garantiza el Sistema Público de Servicios Sociales.

9.- Establecer un Sistema Estatal de Información de los Servicios Sociales que deje efectuar evaluación de la eficiencia y la eficacia del Sistema tanto en su Atención Primaria como Especializada basándonos en factores y también indicadores comunes a todas y cada una de las Comunidades Autónomas.

10. Incorporar a los equipos aconsejes de especialistas de los gobernantes a profesionales especialistas en la administración de los Servicios Sociales. Poniendo en la agenda pública los Servicios Sociales como cuarto pilar del Estado del Bienestar.

Y estas diez medidas se resumen en dos: Establecer la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las posibilidades reconocidas y dejar hacer a quien sabe hacer.

La responsabilidad de los gobernantes es la de acometer con rigor y también inteligencia las resoluciones. De no hacerlo, no van a poder decir que no se advirtió y tampoco, que prosiguieron las indicaciones de los profesionales a los que frecuentemente desatienden. Serán responsables, se lo reclamaremos los profesionales, se lo demandará la sociedad y va a quedar sobre su conciencia.

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