El atasco de las solicitudes que están a punto de prescribir, del ingreso mínimo vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) no deja de ser nueva. En esta ocasión, nos hallamos con fuentes que señalan que el Gobierno culpa a los empleados de la compañía pública Tragsa, del último atasco en la resolución de esta ayuda.

La empresa subcontratada es la encargada desde un inicio de comprobar y cribar las peticiones recibidas, además de esto, debe hacer un control de calidad de los expedientes ya antes de remitirlos a Seguridad Social.

Hace meses que ex empleados de la subcontrata declararon en contra de la administración llevada a cabo, en la que denunciaban falta de capacitación, falta de recursos tanto materiales como humanos, y una dirección deficiente.

Ellos mismo contaban que el modo perfecto de clasificar los expedientes que les habían impuesto retrasaba su tramitación. Al parecer, tras dichas declaraciones despidieron a los empleados implicados. El Gobierno, por su lado, negó de forma definitiva las acusaciones, señalando que la clasificación era un mero formalismo interno, y que no repercutía en el tiempo de tramitación.

Meses después, nos hallamos con que ahora es del revés, el Gobierno hace responsable a Tragsa del atraso actual. Sea como fuere, el colapso es real, y los perjudicados prosiguen siendo las familias sin recursos.

Errores en los cruces de datos con Hacienda

Muchas de las personas que pidieron el IMV se están encontrando las últimas semanas con que el estado de su petición aparece como “denegada por inadmisión al cruzar datos con Hacienda”.

Venimos observando que, con el anhelo de agilizar la tramitación de las peticiones. La Seguridad Social ha puesto en marcha nuevas estrategias que podrían estar produciendo fallos en los expedientes de decenas y decenas de solicitantes. Una de ellas es el cruce de datos diarios con la Agencia Tributaria para revisar de manera automática qué demandantes superan el límite de patrimonio o bien son titulares de sociedades mercantiles, lo que les impediría acceder al IMV.

El inconveniente está en que este cruce está produciendo más fallos y dificultades de las que está solventando. Al parecer, por medio de esta vía se han adjudicado supuestas sociedades mercantiles a familias frágiles que nunca han tenido una compañía o bien que la tuvieron y se dieron de baja hace unos años.

También semeja que se contabilizan ingresos patrimoniales que no corresponden, en familias que apenas tienen o bien han tenido ingresos. Incluso hemos conocido fallos como rechazar al poner un cero de más por la parte de la administración a la cantidad anual declarada por la persona demandante.

Definitivamente, el cruce con Hacienda deja mucho que querer, y no está marchando como debería.

Final del plazo y silencio administrativo

Cuando se lanzó el IMV la administración dio 3 meses de plazo para solucionar todas y cada una de las peticiones. Ante la imposibilidad de efectuarlo, en el mes de septiembre se amplió dicho plazo hasta diciembre, preservando el carácter retroactivo a 1 de junio.

A día de el día de hoy, nos encaramos nuevamente a la data límite. Ya que, en poco más de quince días muchas de las peticiones van a prescribir, y podrían caer en silencio administrativo.

¿Qué pasaría si no me han resuelto mi petición en plazo y se genera silencio administrativo?

En el en el caso de que una vez presentada la petición del IMV, el ciudadano no recibe contestación de la Administración en el plazo de 6 meses. Se debe comprender que la petición ha sido rechazada.

Con lo que sin haber sido comprobada va a estar rechazada. Y va a haber que reclamar en caso de no estar conforme o bien que regresar a presentar la petición y toda la documentación pertinente y regresar a aguardar sin saber a lo largo de cuánto tiempo esta vez. Además, el carácter retroactivo ya no sería efectivo a las peticiones presentadas a partir del 1 de enero. Por lo que en el presunto de ser concedida, no recibiría el pago de todos los meses en espera desde junio de 2020.

Aunque como contrapunto y merced a los datos que nos dan nuestros lectores. Podemos determinar que las peticiones presentadas a partir de octubre, se resuelven con mayor velocidad que las presentadas entre junio y septiembre.

Tendremos que aguardar para ver si vuelven a ampliar el plazo o bien toman medidas de otro tipo a fin de que esto no se produzca. O bien por lo opuesto, el tiempo prosigue su curso y se da el silencio administrativo. Lo que supondría un grave mazazo para los ciudadanos y otro colapso en la administración frente a las protestas y consultas. Además de las nuevas peticiones masivas que volverían a percibir.

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