El Gobierno mejora los trámites para recibir el ingreso mínimo vital

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que incluye ciertas modificaciones del RD 20/2020. Por el que se establece un Ingreso Mínimo Vital para facilitar y flexibilizar la concesión de esta prestación a los ciudadanos. Las mejoras se han introducido en la regla después de efectuar una evaluación del funcionamiento de la prestación a lo largo de sus primeros 3 meses de vigencia. Aplicadas dejarán facilitar su tramitación.

Una de las medidas adoptadas dejará el cruce masivo de datos de titulares y adjudicatarios de las peticiones con los que actúan en el Padrón. Para poder conseguir la información padronal de manera automática. En el caso en que coincida la información entre el Padrón y la petición. Con ello, se evitará que el ciudadano deba pedir estos documentos a los ayuntamientos. No se requerirá, con relación a estos datos, el permiso de las personas censadas en el domicilio del demandante.

Además, los cambios procedimentales aprobados facilitarán la administración del Ingreso Mínimo Vital a los adjudicatarios de las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas y de otras posibilidades estatales.

En específico, sobre las rentas de las CCAA, el INSS va a poder reconocer a estas personas hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte si la comunidad autónoma certifica la constitución de la unidad de convivencia.  Además debe tener en su poder la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la prestación. (Salvo el de vulnerabilidad económica, que se verifica con la Agencia Tributaria o bien con las haciendas forales).

En materia de administración asimismo se priorizará el examen del criterio de vulnerabilidad al gestionar las solicitudes. Dado que su no concurrencia es el primordial motivo de denegación de peticiones. Por este motivo se establece el trámite de inadmisión anterior para la situación vinculada únicamente a la situación de vulnerabilidad económica.

Aumento de la retroactividad y menos requisitos previos

En primer sitio, se ha extendido el periodo de retroactividad del 15 de septiembre al treinta y uno de diciembre. De esta forma, las peticiones que se presenten hasta fin de año van a tener efectos económicos desde el 1 de junio si en esa data se cumplían todos y cada uno de los requisitos. Si no se cumplían en esa data, los efectos económicos van a ser retroactivos al primer día del mes siguiente en que se cumplan los requisitos.

Con esta medida se pretende eludir que los inconvenientes que han tenido los ciudadanos para conseguir toda la documentación, en especial en el contexto de pandemia, les haga perder derechos económicos.

Además, se ha ampliado el plazo máximo para resolver y notificar las solicitudes hasta 6 meses, garantizando la tramitación de todas y cada una de las solicitudes recibidas hasta el momento sin que se genere ninguna desestimación por silencio administrativo negativo.

Otra de las modificaciones que se efectuar en la normativa es la supresión del requisito anterior de estar inscrito en los Servicios Públicos de Empleo, que pasa ahora a ser una obligación a posteriori que el adjudicatario va a deber cumplir en los seis meses siguientes al reconocimiento del Ingreso Mínimo Vital. Estarán exentos de esta obligación los estudiantes de estudios reglados menores de veintiocho años, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, como a personas mayores de sesenta y cinco años, discapacitadas en un grado igual o bien superior al sesenta y cinco%, en situación de dependencia reconocida o bien perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez; de invalidez no contributiva o bien jubilación no contributiva.

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