El plan de choque del gobierno revierte los recortes en dependencia

  • 623 millones de euros para cien dependientes de la lista de espera y veinticinco nuevos puestos de trabajo

El Consejo Territorial aprueba, sin voto en contra, la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021 con un aumento de seiscientos veintitres millones de euros. Con este nuevo presupuesto, se recobra el nivel acordado con doscientos ochenta y tres M€ y se acrecienta el nivel mínimo a estas cuantías mensuales (sesenta€ para Grado I, noventa y cuatro € para Grado II y doscientos treinta y cinco€ para Grado III).  La aportación del Gobierno de España para dependencia ascenderá a mil novecientos veinte millones de euros, lo que supone un incremento del cuarenta y ocho%. Se recobran los recortes del año dos mil doce en dependencia.

Según los últimos datos oficiales, en España hay 232.243 personas en el “limbo de la dependencia” pese a haberles reconocido el derecho, no reciben atención, ni prestación ni servicio. A ellos hay que incorporar las ciento cuarenta y mil quinientos cincuenta y seis personas que están pendiente de valoración. Con lo que, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y ocho personas. El tiempo medio de tramitación de un expediente es de cuatrocientos treinta y dos días.

Reducción en la lista de espera

La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del aumento de la financiación. Deben agilizarse los trámites, facilitar y aunar los procedimientos y eludir los servicios low-cost, promoviendo la creación de empleo.

Con los seiscientos veintitres millones de euros se puede lograr eliminar la lista de espera y conseguir la plena atención en once comunidades en este año, y reducirla sensiblemente en el resto.

Los gobiernos autonómicos que invierten bajo la media nacional deberán acrecentar su presupuesto propio para eludir esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la Dependencia. Las diez comunidades que este año han disminuido en número de adjudicatarios, deben recobrar esa tasa de reposición y se deben ocupar las quince camas en centros residenciales que han quedado vacías desde el principio de la pandemia, especialmente cuando hay noventa y seis y trescientos cincuenta y uno personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia.

Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta menos procedimientos.

Un articulo de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

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