Escrivá activa mejoras para agilizar el pago de prestaciones

El Gobierno ha llevado a cabo una serie de modificaciones en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aprovechado el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. En el que se aprobaron medidas como la prórroga de los ERTE o bien de las ayudas por cese de actividad para los trabajadores autónomos.

Estas modificaciones se centran eminentemente en 2 ámbitos: elevar el control sobre las exenciones de cotizaciones sociales facilitadas a las empresas en ERTE, y en agilizar la tramitación de las posibilidades para eludir un nuevo colapso como el que se generó el año pasado.

ERTEs

Se implantan nuevos controles sobre los descuentos en las cotizaciones aplicados a las liquidaciones de cuotas de las compañías desde marzo de dos mil veinte.

En relación al artículo cuarenta, donde se regula la obligación de cesión de datos a la Administración de la Seguridad Social para el cumplimiento de las funciones de carácter recaudatorio. Se extiende dicha obligación al suministro de datos, informes o bien antecedentes que dejen el desempeño de las funciones administrativas en materia de liquidación, cotización y control de la recaudación.

Indica de esta manera, que: «las personas físicas o bien jurídicas, públicas o bien privadas, como las entidades sin personalidad, van a estar obligadas a administrar a la Tesorería General de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina. Cuando de esta manera lo requieran, aquellos datos, informes, antecedentes y justificantes con incidencia en las competencias de la Administración de la Seguridad Social. Especialmente en el campo de la liquidación, control de la cotización y de colecta de los recursos de la Seguridad Social y demás conceptos de colecta conjunta».

Con esto se busca un mayor control sobre el estado de los ERTE. Además de agilizar los procesos burocráticos en lo que concierne a los pagos.

Prestaciones

En cuanto a las posibilidades pertenecientes a la Seguridad Social, se busca reducir los tiempos de tramitación en el reconocimiento de dichas posibilidades.

El objetivo es que la Administración disponga de todos los datos necesarios y pueda cruzarlos en el momento de administrar las posibilidades de los ciudadanos, desde el desempleo a las pensiones, pasando por el ingreso mínimo vital (IMV).

Así puesto que, con relación al artículo setenta y uno, se altera para incluir una serie de datos que los organismos dependientes del Ministerio de Hacienda o bien, en su caso, de las comunidades autónomas o bien de las diputaciones forales. Deben facilitar a la Seguridad Social, como los niveles de renta y patrimonio o bien el cumplimiento de las obligaciones tributarias. También se detallan otros datos a facilitar por el Ministerio de Justicia, relativos a penas por homicidio de un familiar o bien expareja, o bien por Interior, en lo que se refiere a la situación de las personas extranjeras. Además de otras obligaciones para organismos múltiples como las mutuas o bien el Instituto de Mayores y Servicios Sociales.

Los empresarios, por su lado, deben facilitar los datos por vía telemática. Para asegurar un «procedimiento de comunicación diligente en el reconocimiento y control de las posibilidades de la Seguridad Social relativas a sus trabajadores».

Otras modificaciones

También se han introducido otras modificaciones en materia de concesión y tramitación de resoluciones. Que pretenden agilizar los procedimientos y facilitar los trámites burocráticos que los rodean.

  • Prestación por incapacidad temporal: se habilita el acceso a los inspectores médicos al historial clínico del trabajador que esté de baja, sin su expreso consentimiento y de forma telemática y automática. Para poder valorar el estado de salud del trabajador sin precisar efectuarle un reconocimiento físico.
  • La tramitación de posibilidades, incluyendo la protección por desempleo, va a poder hacerse de forma automática. Sin intervención directa de un funcionario, cuando la administración no tenga carácter recaudatorio o bien sancionador.
  • La Administración va a facilitar a los interesados el ejercicio de sus derechos por vía telemática. Mediante las diferentes sedes electrónicas, tanto en el campo de la Seguridad Social como en el SEPE.
  • Las Direcciones Provinciales de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y de las unidades dependientes de exactamente las mismas. Puedan extender su campo de actuación a territorios diferentes al de su demarcación provincial.

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