Escrivá: «El presupuesto de 2021 nos permitirá dar certidumbre a los pensionistas y desplegar por completo el IMV»

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha presentado en conferencia de prensa telemática el presupuesto de su departamento para dos mil veintiuno, del que ha subrayado que “permitirá al ministerio cumplir en gran parte los objetivos que teníamos para el conjunto de la legislatura”. Ha señalado que las cuentas del próximo año ya recogen una buena parte de “las recomendaciones del Pacto de Toledo en materia de pensiones, la implementación completa del Ingreso Mínimo Vital y su modelo de cogobernanza.

Seguridad Social y pensiones

En materia de Seguridad Social y pensiones, Escrivá ha indicado que las prioridades del ministerio estarán “alineadas con las recomendaciones del Pacto de Toledo”. En este sentido, ha destacado que “al margen del proyecto de ley que presentaremos pronto para reformar las pensiones, las cuentas de 2021 ya recogen tres grandes líneas de actuación derivadas de las recomendaciones del Pacto de Toledo”, como son el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la separación de fuentes de financiación y la potenciación de la previsión social complementaria. Así, conforme Escrivá, “mediante el cumplimiento de las recomendaciones que tan amplio consenso han generado, esperamos dar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros sobre la solvencia y suficiencia de nuestro sistema de pensiones”.

Los presupuestos de dos mil veintiuno contemplan un aumento del 0,9% de las pensiones y del uno con ocho% en el caso de las no contributivas, online con la recomendación dos del Pacto de Toledo y con el orden del artículo cincuenta de la Constitución.

Además, siguiendo las recomendaciones 1 y seis, que sugieren la necesidad de ahondar en la separación de fuentes, con las cuentas de dos mil veintiuno se comienza el traspaso de los llamados gastos indignos de la Seguridad Social. Según ha señalado el ministro, “de los más de 20.000 millones de euros identificados como gastos impropios, se cubren en este año 14.000 millones”. Con ello, ha asegurado que “espera dar certidumbre a los pensionistas actuales y futuros al dejarse de visibilizar en las cuentas de la Seguridad Social un déficit que procede de políticas públicas que son importantes pero que no deben pagarse con cotizaciones sociales”. “Estos presupuestos ,ha señalado, son un primer paso para lograr el equilibrio financiero del sistema al final de la legislatura”.

Siguiendo la recomendación dieciseis, las cuentas de dos mil veintiuno asimismo contemplan una revisión del sistema de previsión social complementaria. El actual, con gran peso de los planes de pensiones individuales y un bajo porcentaje de población cubierta, “no cumple con su principal objetivo: incentivar el ahorro”, conforme Escrivá. El ministro ha recordado que el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya apuntó alguno de sus defectos, como el carácter recesivo de las deducciones, la falta del producto por las elevadas comisiones y la escasa participación de los jóvenes.

Según Escrivá, “las cuentas de 2021 dan dos pasos de gran calado para revisar este modelo”. En primer sitio, hay un desplazamiento de los beneficios fiscales cara los planes colectivos y, seguidamente, el proyecto de presupuestos de dos mil veintiuno contempla la creación, por la parte del Ministerio de Inclusión, de un fondo de pensiones de empleo de carácter abierto, que se desarrollará en el marco de la negociación colectiva. Con este nuevo fondo, el ministro espera “incrementar la población cubierta por sistemas complementarios, que es mucho más baja que la de otros países de nuestro entorno, atrayendo a rentas medias y bajas y a jóvenes”.

El fondo promovido por el ministerio va a ser gestionado por una entidad escogida por concurso abierto y protegido por una depositaria independiente. “Una de sus principales ventajas- ha explicado Escrivá- es que en ese concurso público se limitará la comisión que puede cobrar la entidad, lo que lo abaratará respecto a los estándares actuales del mercado”. Por ello, el ministro espera que pueda dar cobertura a ámbitos como los autónomos o bien de pequeñas y medianas empresas, que “habitualmente quedaban fuera de estos productos”.

En materia de la administración de Seguridad Social, el ministro ha anunciado que se fortalecerá su capacidad de administración mediante un aumento del capital humano y de una apuesta por la digitalización. Según Escrivá, “los presupuestos de 2021 revierten la tendencia de los años anteriores, en los que la Seguridad Social ha perdido hasta el 20% de su plantilla”. Así, aparte de un refuerzo de los efectivos, el ministerio planea mejoras organizativas con la meta de amoldarse a las necesidades de los ciudadanos.

Otra de las líneas de actuación va a ser la digitalización de la administración mediante la atención multicanal y de una administración más proactiva. En este aspecto, Escrivá ha indicado que va a haber una decidida apuesta por “la atención personalizada y la distribución del trabajo por todo el territorio, de forma que se revitalicen las zonas más afectadas por la despoblación”.

Ingreso Mínimo Vital

Por otra parte, el presupuesto de dos mil veintiuno contempla más de 3.000 millones de euros para el despliegue completo del Ingreso Mínimo Vital, que, además de esto, va a ser evaluado por la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y Previsión Social para conocer su cobertura. Este órgano va a poner en marcha los desarrollos del Ingreso Mínimo Vital, entre ellos, los órganos de participación como el Consejo Consultivo o bien la Comisión de Seguimiento, como el desarrollo del Sello Social. También va a ser el responsable de diseñar los incentivos al empleo que la acompañan y de desarrollar los trayectos de inclusión para los adjudicatarios de la prestación. Para esto último, el ministerio “profundizará las relaciones con otras administraciones para vincular las políticas de inclusión con las de otras administraciones”.

Los trayectos de inclusión, ha señalado Escrivá, “estarán orientados a la eficacia y serán evaluados de una forma innovadora, a través de ensayos en los que se medirá el impacto mediante la comparación de grupos de beneficiarios y no beneficiarios”. El punto de inicio va a ser la preparación de un “mapa de la inclusión” que valorará conjuntamente todas y cada una de las políticas inclusivas que existen en las diferentes administraciones. Para todas y cada una estas tareas, la Secretaría General va a contar con un presupuesto de prácticamente ciento veinte millones de euros en dos mil veintiuno.

Además, en dos mil veintiuno se va a dar un primer paso para mudar el modelo de administración cara uno más eficaz. Para ello, se diversificará la ejecución de los fondos para acrecentar la eficacia y la trasparencia y deambular cara un modelo más autónomo. Escrivá ha indicado que “2021 será un año de transición hacia el nuevo modelo, cuyo desarrollo partirá de la evaluación que está haciendo estos días la EASO (Oficina Europea de Apoyo al Asilo)”. En función de los resultados de la evaluación, “se han planteado distintos escenarios presupuestarios”, ha explicado. No obstante, “se garantiza la continuidad del sistema de acogida de solicitantes de asilo durante este año de transición hacia un nuevo modelo a través de tres subvenciones nominativas a las entidades que hacen la primera acogida en todo el territorio”.

En terminante, los presupuestos de dos mil veintiuno dejan “dar certidumbre a los pensionistas presentes y futuros aplicando ya varias de las recomendaciones del Pacto de Toledo, desplegar por completo del Ingreso Mínimo Vital, poner en marcha un plan de acción por la inclusión y reforzar la autonomía del sistema de acogida”. No obstante, ha subrayado Escrivá, “nos movemos en un contexto de máxima incertidumbre debido a la COVID-19” y ha reconocido que “la evolución de la pandemia continuará marcando las prioridades del ministerio en 2021”.

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