Ingreso mínimo vital y ERTE medidas a medio camino, para contrarrestar la precariedad y la pobreza

Pronto va a hacer un año desde el momento en que nos hemos vistos envueltos en una horrible crisis sanitaria y económica debido al coronavirus, el que todavía proseguimos padeciendo. Esta crisis ha derivado en pérdidas de empleo y por lo tanto, de ingresos para miles y miles de familias.

Es por esta razón que el Gobierno ha debido adoptar múltiples medidas para intentar mitigar las consecuencias de la pandemia. Siendo los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ingreso mínimo vital (IMV), 2 de las medidas estrellas propuestas.

En los ERTE, el trabajador pasa al desempleo a lo largo del tiempo que se haya considerado que la actividad va a estar frenada. Manteniendo de este modo su puesto de empleo y recibiendo una prestación por la parte del SEPE.

En cuanto al IMV, se trata de una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía: se va a recibir siempre y cuando se cumplan los requisitos de acceso, como ocurre con el derecho a la pensión o bien la prestación por desempleo, por servirnos de un ejemplo. Por tanto, se asegura que esta “red de seguridad” va a estar libre para quien lo necesite.

En un principio semejan medidas convenientes, que solucionan la situación y resguardan a las familias frágiles. Sin embargo, el paso de los meses nos ha mostrado que los resultados no han sido los aguardados. Ya que miles y miles de familias se hallan todavía con niveles de ingresos bajo lo prometido.

La evolución de los ERTE

Actualmente, hay 704.000 trabajadores en ERTE. Una cifra que se ha estabilizado desde el máximo de finales de abril de dos mil veinte, cuando había 3.386.785 personas en esa situación.

En la última negociación de septiembre, el Gobierno y los agentes sociales ampliaron los beneficios de los ERTE hasta el 31 de enero de dos mil veintiuno. Recientemente se ha acordado una tercera prorroga de los ERTE con lo que se prorrogarán hasta el treinta y uno de mayo de 2021 (mes de fin del estado de alarma).

Durante el mes de enero se han reunido en 3 ocasiones, cerrando el pacto el día diecinueve. Para prorrogar las ayudas a empresas y trabajadores puestas en marcha para resguardar el uso mientras que dure el estado de alarma.

Nuevo pacto

El acuerdo plantea extender los ERTE hasta el treinta y uno de mayo sosteniendo exactamente el mismo esquema de exoneraciones y protección, como las cláusulas de salvaguardia de empleo a lo largo de 6 meses, la prohibición de repartir dividendos y la de operar en paraísos fiscales.

También se amplía la cobertura a ciertas actividades o bien CNAE y se incluyen cambios administrativos que van a suponer la prorroga automática de los expedientes en curso, descargado de costos de administración y burocráticos a las compañías.

Por otra parte incorporan una simplificación administrativa: las empresas no deberán regresar a presentar una reclamación colectiva, sencillamente van a deber comunicar el hecho del ERTE.

Continuarán aplicándose la exención del periodo de falta, el contador a cero, el incremento del cincuenta% al setenta% del porcentaje de cálculo de la base reguladora para quienes hayan consumido ciento ochenta días de prestación. Los beneficios aplicables a las personas trabajadoras fijas intermitentes (incluyendo la prestación excepcional), la mejora de protección de las personas perjudicadas por ERTE con contrato a tiempo parcial

Se puede atisbar que las peculiaridades de los ERTE ya no se amoldan a la realidad laboral en la que nos hallamos, que claramente no es exactamente la misma que anteriormente marzo, cuando empezó el primer estado de alarma.

Discrepancia desde la administración

Sin embargo, desde la administración parece que no lo ven de este modo, en tanto que, conforme declaraciones a lo largo de su intervención en el foro de discusión Spain Investors Day del Ministro Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Ha subrayado que, en contraste a lo que ocurrió en la precedente crisis, «estas medidas han conseguido que la caída de la actividad no se convierta de forma automática en una todavía mayor pérdida de empleo». Evitando este posible incremento masivo del desempleo.

De cara al futuro, el ministro ha indicado que «nuestro mayor reto es aprender de estas experiencias». Y usarlas para convertir nuestro mercado de trabajo, corrigiendo nuestras debilidades estructurales (precariedad, temporalidad…). Así, «esta triunfante experiencia del nuevo modelo de ERTE nos ha enseñado que hay formas eficaces de hacer de nuestro mercado de trabajo más flexible y más equitativo». Por ello, «debemos amoldar este modelo para transformarlo en un factor estructural de nuestro mercado laboral».

Sin bien es verdad que las medidas de los ERTE han eludido despidos masivos y han proporcionado ingresos a las familias perjudicadas. También han supuesto quebraderos de cabeza, como los retrasos en los pagos, o bien las incesantes renovaciones en un corto plazo, y en consecuencia la inseguridad que eso produce.

El caos del IMV

La llegada del IMV ha supuesto más dificultades de las que ha solucionado en la mayor parte de casos.

Ya hemos efectuado múltiples análisis previamente, de los inconvenientes en su evolución: grandes colapsos en la administración, dificultades a la hora de cumplimentar la solicitud y aportar documentación, meses de espera sin respuesta, resoluciones erróneas, denegaciones masivas, etc.

La realidad es que la ayuda solo ha llegado a ciento sesenta hogares de los 850.000 anunciados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, formando el primordial orificio del escudo social desplegado contra la pandemia.

Su imperfecto diseño está aun fomentando la desprotección y, ocurre que ciertas comunidades autónomas lo aprovechan para retirar, o paralizar la renta mínima de inserción a los adjudicatarios que no piden el IMV.

El ministro Escrivá anunció que en este mes de enero tendría sitio una profunda evaluación del IMV. Para de este modo corregir y mitigar sus debilidades, y intentar que su eficiencia sea mayor y más inmediata.

Lo es cierto que estamos prácticamente a fines de mes y todavía no hemos tenido noticias de dicha evaluación. Ni de nuevas medidas para prosperar la administración de la ayuda.

Declaraciones de Escrivá

Mientras tanto, el ministro declaró esta semana en el foro de discusión Spain Investors Day, que el Ingreso Mínimo Vital «al contribuir a crear una sociedad más unida y también inclusiva, tiene un papel muy relevante en hacer de España un país más atrayente para invertir».

En este sentido, ha señalado que «el objetivo principal del ministerio es producir cohesión y certeza para los agentes económicos y para la sociedad española».

En materia de inclusión, Escrivá ha subrayado la aprobación del Ingreso Mínimo Vital en el Parlamento sin votos en contra. Esta prestación, que ha definido como «política renovadora que puede activar y prosperar las opciones de inserción y formación laboral de una parte esencial de los trabajadores españoles y estimular la economía española», favorece en la actualidad a prácticamente quinientos mil de personas.

Podemos ver meridianamente que las declaraciones del ministro están fuera de la realidad. Con pero que trata de recalcar aspectos positivos que poco o bien nada benefician a las miles de familias que están a la espera de una resolución que lleva 7 meses de retraso.

Consecuencias de una gestión deficiente

Si antes de la pandemia nos encontrábamos con unas cifras bastante significativas en cuanto a los bajos ingresos de miles de familias, así como de los altos niveles de pobreza infantil, esta crisis no ha hecho más que agravar la situación de esas personas. Añadiendo a las cifras a más familias que antes no se encontraban en umbrales bajos de poder adquisitivo.

Según un estudio de Save The Children que lleva por título “El impacto de la pandemia en los niños y niñas más vulnerables”, hecho a partir de 2.507 encuestas en toda España realizadas por GAD3. Revela que un 32% de las familias con hijos a cargo soportarán dificultades para comprar ropa de abrigo este invierno.

Todas estas proporciones aumentan en los hogares con menores en situación de pobreza severa.

El informe también revela que 170.000 hogares en España han visto suspendido el suministro de agua, luz o bien gas durante la pandemia. Estos datos chocan con la promesa por parte del Gobierno de garantizar los suministros básicos durante el estado de alarma, además de vulnerar los derechos básicos de las familias de contar con electricidad y agua corriente, y más aún, habiendo menores en la casa.

Asimismo, subraya que el 85% de los hogares con menores e ingresos por debajo de 900 euros han visto caer su nivel de ingresos. Frente al 35% de los hogares sin hijos, y un 57% se han visto damnificados por la pérdida de empleo.

Alusión al IMV

De los datos se concluye que dos de cada tres hogares entrevistados que han solicitado el Ingreso Mínimo Vital no están recibiendo la ayuda. Motivo por el cual, Save The Children pide “acelerar el despliegue”, mejorando la coordinación a todos los niveles administrativos. Además, propone cambiar el umbral, que ahora mismo está dirigido a una pobreza “muy grave”. E igualarlo al de pobreza severa, para que el Ingreso Mínimo Vital llegue a más familias en situación de vulnerabilidad.

Ello supondría un coste de 320 millones de euros, según cálculos de la ONG. “Es alcanzable y necesario porque se está dejando a muchos hogares con hijos fuera de esta ayuda. Ahora, no permite el acceso a colectivos de gran vulnerabilidad como familias en situación administrativa irregular que tienen hijos cargo, solicitantes de asilo o jóvenes extutelados”

Salud y pandemia

Por último, y no por ello menos importante cabe destacar que, el impacto de la covid-19 también se refleja en la salud. Ya que el 74% de hogares con niños en situación de pobreza severa, aseguran que su salud emocional ha empeorado y el 59% indican que también ha empeorado su estado de salud física.

Las citas con, psiquiatras y psicólogos han aumentado considerablemente. Y la lista de espera para el servicio a través de la seguridad social, si ya antes era larga, ahora es interminable.

Por ello es de vital relevancia que se invierta en la prevención y el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Que tantas personas están padeciendo en los últimos meses a raíz de esta horrible pandemia en la que vivimos.

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