La Seguridad Social aun no ha confirmado la ampliación del plazo para las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha sido entrevistado este martes en ‘Hora 25’ para charlar de los retrasos en el cobro del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Dichas declaraciones, ya publicadas en nuestra web, nos dejan tal vez más dudas de las que nos resuelven.

Vamos a examinar los puntos más esenciales que se trataron en la entrevista:

¿Se ampliara el plazo de 3 meses, para las resoluciones del Ingreso Mínimo Vital?

Se ampliará el plazo que en un comienzo se estableció en tres meses con relación a efectos económicos retroactivos a todas y cada una de las peticiones presentadas hasta el treinta y uno de diciembre.

Es decir, que las familias que pidan el IMV hasta el treinta y uno de diciembre, recibirán el pago con carácter retroactivo en el caso de que les resulte concedido. Hasta ahí nos queda claro, mas de lo que no se habla tan claro es de lo que sucede con el silencio administrativo, esto es, conforme el plazo que pusieron al comienzo del procedimiento, quedan unos días a fin de que, con aquellas familias que no tengan incluso contestación alguna, se genere silencio administrativo, lo que supone que cumplan o bien no los requisitos van a deber regresar a pedir la prestación nuevamente.

Interpretando las palabras del ministro Escrivá: «Desde el principio proponemos un horizonte de tres meses para valorar todas y cada una de las peticiones. Lo vamos a extender a fin de año. Cualquier petición que se presente hasta fin de año va a recibir de modo retroactivo toda la prestación desde el 1 de julio».

Podríamos dar por hecho que se ampliaría asimismo este plazo de tres meses que la seguridad social dispone para solucionar los expedientes ya antes de rechazarlos por silencio administrativo, hasta finales de año. En este sentido hasta el momento en que la propia Seguridad Social se pronuncie confirmandolo, es obvio que es mejor sostener la precaución y en caso contrario seguir el proceso de reclamación ante la denegación por silencio administrativo.

En todo caso, con la ampliación de los efectos retroactivos no se perdería el beneficio del pago desde el mes de junio. Además, nos hace proponernos si sería aun conveniente ante el presunto de que se vaya a facilitar la administración, lo que nos lleva al siguiente punto.

Se facilitará el procedimiento de tramitación.

Escrivá apostilla que, en contraste a la obligación que ahora existe de la confirmación de que los miembros de la unidad familiar estén dados de alta en el paro, esto se haga a posteriori en los próximos meses. Sin embargo, no se charlan de otras grandes trabas que se han estado generando, como por poner un ejemplo, la presentación del certificado de empadronamiento histórico familiar.

Ya los sindicatos y los usuarios clamaban por un sistema en el que la propia administración coteje este género de datos a los que pueden acceder a través de las bases de datos libres. Son muchas las familias que no disponen de medios para gestionar esta documentación online, aparte de la saturación que existe en las oficinas presenciales para pedirlos.

Es por esta razón que nos ataca la duda de que tal «acelerón» en lo que se refiere a la aprobación de peticiones del IMV que conforme Escrivá se marcha a generar en las próximas semanas vaya a ser tal, puesto que son diferentes los motivos por los cuales se les están haciendo requerimientos a los solicitantes, no solo el certificado del paro.

La incierta administración por la parte de Tragsa y la carencia de recursos.

Durante la entrevista, el Ministro no ha hecho mención frente a la polémica que ha surgido a lo largo de las últimas semanas respecto a las demandas efectuadas por ex trabajadores de Tragsatec, los que demandaban falta de capacitación, de recursos materiales y de personal, como supuestos atrasos producidos por la codificación de las peticiones de forma incorrecta, lo que retrasaba más el procedimiento de aprobación.

Si estas acusaciones resultan ciertas, la lentitud proseguirá existiendo, puesto que, como hemos apuntado ya antes, se prevé que numerosas familias deban efectuar una segunda petición en los próximos meses, aparte de aquellas que se hallen de nuevas en situación de vulnerabilidad y precisen la prestación.

Si bien podemos comprender que la situación derivada por la pandemia mundial que vivimos es nueva para todos, no se comprende que no adelantasen las posibles cifras de familias demandantes que habría, y por consiguiente, los medios de los que se deberían haber proveído para atender tal demanda.

Lo que si podemos ver es que, 6 meses una vez que comenzara el estado de alarma por la COVID diecinueve, no se está apenas comenzando a solventar la trágica coyuntura económica y social que las familias más frágiles viven en este país.

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