Las empresas podrían recibir hasta 7.500 euros por cada contrato indefinido

El Gobierno ha planteado a los agentes sociales incentivar la contratación indefinida con un mínimo de cuatro mil euros, cuantía que se acrecentaría hasta siete mil quinientos euros caso de que el trabajador pertenezca a uno de los colectivos considerados como singularmente frágiles.

Las cuantías que recoge el texto marchan como una referencia, con la posibilidad de que se actualicen todos los años de forma automática y que sean cambiadas «mediante orden de la persona titular del Ministerio de Trabajo y Economía Social». Además, «las cuantías de referencia de dichas subvenciones y, en su caso, sus encuentres máximos van a poder aumentarse por las Administraciones públicas competentes» hasta en un treinta%.

Medidas planteadas

A continuación, se cuentan ciertas subvenciones más señaladas que plantea el boceto del real decreto ley:

  • Una cuantía de referencia de hasta cuatro mil euros para «la transformación en indefinidos de contratos temporales, incluyendo los contratos formativos», a menos que la transformación se realice con personas trabajadoras con discapacidad, «en cuyo caso la subvención será de cinco mil quinientos euros«. Estas cuantías se establecen para un contrato anual a tiempo completo.
  • La contratación indefinida inicial va a poder subvencionarse, cuando se celebre a tiempo completo, con carácter general con 4.000 euros. Esa cuantía se acrecienta con múltiples supuestos, dependiendo de la persona contratada y su «vulnerabilidad» en el acceso al empleo. Por ejemplo, ciertos supuestos prácticos: la referencia alcanzaría los 4.500 euros si la persona contratada es una mujer, los 5.500 euros si además de esto es partícipe de programas integrales de empleo de rentas mínimas, como el Ingreso Mínimo Vital y hasta 7.000 euros si es víctima de violencia sexista.
  • Todas las subvenciones previstas para impulsar la contratación podrían aumentarse «hasta en dos mil euros» cuando la contratación indefinida se realice por un autónomo, o bien por una cooperativa o bien sociedad laboral, «que contrate a su primer empleado o bien empleada».
  • Se contemplan subvenciones de 2.250 euros al año por cada persona trabajadora que se favorezca de medidas de conciliación y corresponsabilidad pactada con la plantilla en planes de igualdad dentro de las empresas, «hasta un máximo de 9.000 euros por empresa y año». «La ayuda por cada persona trabajadora va a ser proporcional al periodo de disfrute de la conciliación caso de que dicho periodo sea inferior al año», recoge el texto.
  • Subvenciones para la contratación de personas desempleadas que reemplacen a trabajadores que se hayan acogido a una excedencia o bien reducción de jornada para el cuidado de hijos menores, de hasta tres años en el primer caso y de doce años en el segundo, o bien de familiares en situación de dependencia o bien enfermedad grave. Se contempla la subvención de una parte de los costos laborales derivados del contrato de substitución «hasta una cuantía equivalente al sueldo mínimo interprofesional mensual».
  • Subvención para el establecimiento de personas desempleadas como trabajadores por cuenta propia de «hasta siete mil quinientos euros», «graduándose en función de las contrariedades para el acceso al empleo de la persona que se forme como autónoma o bien por cuenta propia, conforme a su inclusión en los colectivos que determinen los Servicios Públicos de Empleo».

A tiempo parcial la subvención se reduce

Si la contratación es a tiempo parcial, recoge el texto, la cuantía de la subvención se reducirá proporcionalmente dependiendo de la jornada con una reducción máxima del cincuenta %.

En el boceto asimismo se incluye una subvención de hasta 4.000 euros para convertir en indefinidos contratos temporales, incluyendo los formativos, que se eleva a cinco mil quinientos en el caso de trabajadores con discapacidad.

Cada contratación indefinida estimulada, agrega, va a deber suponer un incremento neto de la plantilla fija de la compañía o bien entidad adjudicataria. También apunta que en la regulación se contemplarán las posibles exclusiones en la aplicación de estos incentivos como la obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas por lo menos a lo largo de un año.

El boceto del decreto, en el que el Gobierno y agentes sociales trabajan desde abril, establece una serie de programas comunes de políticas de activación para la utilización, que van a poder ser desarrollados por las comunidades autónomas. En función de las peculiaridades de sus mercados de trabajo. Así, aborda estrategias de capacitación, modelos de financiación, programas de orientación para la utilización, intermediación laboral, etc..

Medidas en fase de borrador

Se trata aún de un boceto, sometido al diálogo social, con lo que aún puede agregar cambios.

Aún está pendiente la revisión de la Garantía Juvenil y la aprobación de la Estrategia Española por el Empleo para los años dos mil veintiuno a dos mil veinticuatro. Que se ha empezado a negociar este martes y en la que se espera poder comprobar con mayor profundidad estas políticas dirigidas a la empleabilidad.

«El decreto es un primer paso, un empujón que nos asista a pasear en la actualización de las políticas activas de empleo que datan de los años ochenta, mas no es el final». Explica Lola Santillana, secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de CCOO, que resalta la supresión ya de ciertos programas «que se habían probado contraproducentes».

Mari Carmen Barrera, secretaria de Empleo de Unión General de Trabajadores, ha señalado «el alto acuerdo entre los agentes sociales para un proceso de diálogo». El como defina esta nueva Estrategia que reforme las políticas activas de empleo y dé solución «a esos 3 millones y medio de desempleados que tenemos en España, a esa muy alta cota de desempleo juvenil y a ese millón y medio de desempleados que no tienen ningún género de protección».

En este reto, insiste Barrera, deben jugar un esencial papel los Fondos Europeos para la Reconstrucción.

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