Las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital están sufriendo graves problemas para su revisión

Las peticiones recibidas para el Ingreso Mínimo Vital están padeciendo un grave retraso para su aprobación. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social asevera a través del portal de Transparencia que el Gobierno no ha aprobado ni el 1% del total de peticiones recibidas a día de siete de agosto. A fines del mes de julio más de 600.000 personas habrían pedido el Ingreso Mínimo Vital, de las que se han gestionado menos de cuatro mil peticiones.

El IMV se puede solicitar desde el pasado 15 de junio. A fines de junio se aprobaron de oficio más de 74.000 ayudas de aquellos hogares que recibían la prestación por hijo a cargo y cumplían con los requisitos, no obstante tras ese ingreso no se han vuelto a hacer públicos otros cobros.

Las oficinas de la Seguridad Social se encuentran colapsadas, los funcionarios denuncian la carencia de medios materiales y humanos para abordar la carga de trabajo extra que supone esta administración. El personal de la Seguridad Social tiene ahora que sumar a sus labores frecuentes la administración del IMV, lo que está provocando por su parte atrasos en los trámites de otros expedientes, incluidas altas de pensiones de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidades, etc.

Debido a esta problemática se recurrió a la contratación de trabajadores externos, por medio de una compañía pública Tragsatec (Tragsa), que aportó unos quinientos efectivos para la administración de las peticiones y en torno a doscientos teleoperadores auxiliares para atención telefónica a los interesados en percibir esta ayuda. Estos empleados han denunciado retrasos en los trámites desde el principio, con expedientes paralizados por la dificultad de las peculiaridades de las familias, los requerimientos de información no aportada o bien los procesos de clasificación anterior al envío del papeleo al INSS, quien por último es quien se encarga de tomar la resolución sobre la aprobación o bien rechazo de la prestación.

Los trabajadores de Tragsatec denunciaron que los responsables de esta empresa dieron orden de que los expedientes de la ayuda económica aprobada por el Gobierno aparezcan como “requeridos” y “no conformes”, lo que supone que los datos de ciertos usuarios que cumplen los requisitos para cobrar el IMV, aparezcan como no admitidos y no cobran la prestación, además de esto, de esta forma se mezclarían los expedientes de las personas que cumplen todos y cada uno de los requisitos y han entregado todos y cada uno de los documentos y quienes no lo han hecho.

Estos trabajadores tenían sus funciones limitadas a recabar toda la documentación precisa de cada expediente y efectuar una sugerencia, mas la resolución final siempre y en todo momento está a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

Los empleados denuncian múltiples hechos, como que se les contratara sin apenas capacitación, con manuales en los que no se contemplan numerosas situaciones y que en el instante que se han trasladado dudas a sus superiores, no les han proporcionado ninguna solución válida.

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