Las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital se retrasan por orden interna

Recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cada vez se hace más difícil. Según demanda un ex- trabajador de Tragsatec al diario La Razón, la  subcontrata que emplearon a quinientos tramitadores en régimen de trabajo a distancia a lo largo de cuatro meses, se está aplicando un método que atrasa la concesión y cobro de la prestación.

Este ex- empleado cuenta que les ordenaron clasificar expedientes como “requeridoscuando realmente estaban listos para su aprobación. Cuando un expediente está en “requerido”, se debe aguardar a percibir una carta requiriendo la documentación que aparentemente falta en la petición, lo que retrasa el procedimiento.

Este procedimiento de clasificación no aparecía en ninguno de los manuales iniciales, sino fue una orden interna. El denunciante, tras negarse a efectuar esta clasificación por “objeción de conciencia”, fue despedido.

Fuentes oficiales de Tragsa arguyen que la metodología usada para la clasificación sirve para mandar el expediente a un control de calidad y también insisten en que en ningún caso retrasa el proceso de aprobación. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario de la Seguridad Social quien lo valida.

El ex- trabajadador cuenta que el entorno de trabajo era malísimo, vertical y déspota. No podían plantear otros métodos de clasificación, la información era confusa y los superiores no les solventaban las dudas. Al parecer los compañeros se hallaban con tal preocupación y agobio que ciertos dejaron la utilización.

Los mismos jefes de equipo no contaban con formación suficiente o bien experiencia necesaria, tampoco les dieron apenas material y recursos para el desempeño del trabajo.

A todo esto se le agrega que el volumen de trabajo era tal, que la jornada de trabajo se estiraba múltiples horas, las que no se les pagaban. Haciendo cuentas, el costo total en sueldos ronda los 2.000.000 euros, al tiempo que Tragsa ha recibido seis con trece millones de euros para contratar tramitadores y uno con cuarenta y siete millones más para asistir con la asistencia telefónica.

Son muchas las protestas de los trabajadores por dicha administración que solo logran que el procedimiento sea más lento y complicado, puesto que Tragsa es solo un intercesor que gestiona las peticiones, mas no es quien las valida.

Así con todo vemos poquísimo probable que el plazo de 3 meses que en un comienzo se planteó para gestionar las peticiones resulte posible.

Recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) cada vez se hace más difícil. Según demanda un ex- trabajador de Tragsatec, la subcontrata que emplearon a quinientos tramitadores en régimen de trabajo a distancia a lo largo de cuatro meses, se está aplicando un procedimiento que retrasa la concesión y cobro de la prestación.

Este ex- empleado cuenta que les ordenaron clasificar expedientes como “requeridos” cuando realmente estaban listos para su aprobación. Cuando un expediente está en “requerido”, se debe aguardar a percibir una carta requiriendo la documentación que aparentemente falta en la petición, lo que retrasa el procedimiento.

Este procedimiento de clasificación no aparecía en ninguno de los manuales iniciales, sino fue una orden interna. El denunciante, tras negarse a efectuar esta clasificación por “objeción de conciencia”, fue despedido.

Fuentes oficiales de Tragsa arguyen que la metodología usada para la clasificación sirve para mandar el expediente a un control de calidad y también insisten en que en ningún caso retrasa el proceso de aprobación. Posteriormente, llega a la Seguridad Social y es un funcionario de la Seguridad Social quien lo valida.

El ex- trabajadador cuenta que el entorno de trabajo era malísimo, vertical y déspota. No podían plantear otros métodos de clasificación, la información era confusa y los superiores no les solventaban las dudas. Al parecer los compañeros se hallaban con tal preocupación y agobio que ciertos dejaron la utilización.

Los mismos jefes de equipo no contaban con capacitación suficiente o bien experiencia precisa, tampoco les dieron apenas material y recursos para el desempeño del trabajo.

A todo esto se le agrega que el volumen de trabajo era tal, que la jornada de trabajo se estiraba múltiples horas, las que no se les pagaban. Haciendo cuentas, el costo total en sueldos ronda los 2.000.000 euros, al tiempo que Tragsa ha recibido seis con trece millones de euros para contratar tramitadores y uno con cuarenta y siete millones más para asistir con la asistencia telefónica.

Son muchas las protestas de los trabajadores por dicha administración que solo logran que el procedimiento sea más lento y complicado, puesto que Tragsa es solo un intercesor que gestiona las peticiones, mas no es quien las valida.

Así con todo vemos poquísimo probable que el plazo de 3 meses que en un comienzo se planteó para gestionar las peticiones resulte posible.

El INSS notifica a solicitantes del Ingreso Mínimo Vital que no se encuentran en situación de vulnerabilidad

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