Los beneficiarios de la ley de dependencia reciben 106 euros al mes, la cifra más baja de la historia

  • Las comunidades autónomas financiaron más del ochenta% de la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia, al paso que la aportación estatal se ha reducido en el 16%, el porcentaje más bajo desde el principio de la ley.

  • Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en dos mil diecinueve la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de ocho mil seiscientos siete millones de euros.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha hecho publico mediante una nota de prensa, un informe en el que examinan la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia.

Gasto por comunidad

Las Comunidades Autónomas financiaron el ochenta y tres con nueve% del Sistema de la Dependencia, con siete mil doscientos veintiuno millones de euros. (un siete con cuatro% más que en dos mil dieciocho)

La aportación estatal se reduce todavía más y se ubica en el dieciseis,1%, con mil trescientos ochenta y seis millones de euros. (El porcentaje más bajo desde el principio de la ley)

7.948 € /año fue el gasto promedio por dependiente atendido en dos mil diecinueve, de los que, conforme los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo mil doscientos setenta y seis € en término de nivel mínimo garantizado, de lo que se infiere que financia con 106 € al mes por cada persona adjudicataria de la ley. Cada año el gasto medio ha ido reduciendo, siendo este el menor valor desde el principio.

La financiación estatal se atascó tras los recortes de 2012 e inclusive su participación porcentual bajo respecto al año precedente. Siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que, independientemente de la inestabilidad política, alguien ha considerado otras prioridades.

Elementos cruciales

Otro elemento vital que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las Comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (trescientos sesenta y ocho€), Extremadura (doscientos ochenta y seis€) y Castilla y León (doscientos sesenta y uno€), y las que menos Canarias (noventa y cinco), Galicia (ciento cuarenta y dos) y Baleares (ciento cuarenta y tres). Las que más acrecentaron el presupuesto en el último año fueron: Baleares (+32%), C. Valenciana (dieciocho%) y Canarias (dieciseis%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (uno con seis%) y Cataluña (dos con dos%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron.

El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de doscientos treinta y cuatro mil personas ya valoradas como dependientes y con otras ciento cuarenta y siete mil personas pendientes de valoración. El sistema se halla en retroceso y la lista de espera baja por los cuarenta y tres y doscientos setenta y cinco fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año (veintisiete y ciento dieciseis fallecidos en el “limbo de la dependencia”, personas que tenían derecho a percibir una prestación y murieron sin recibirla y dieciseis.159 que murieron a la espera de ser valorados.)

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en dos mil doce, o sea, apelando a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La aparente imposibilidad de atender a las personas más frágiles está produciendo una situación tan atroz como la que provocó aquel Decreto. Situación que no acaba de ser considerada, de “extraordinaria y urgente necesidad”. Ya que, no han dado sitio al tan ansiado Decreto Ley en sentido opuesto y todo se fía a los próximos presupuestos necesitados de los bastante difíciles equilibrios partidarios a los que nuestro Parlamento nos tiene habituados.

Incrementos presupuestarios tardíos

Toca otra vez conformarse con el anuncio del aumento presupuestario de seiscientos millones de euros para el año próximo. El anuncio implicará, con el presente contexto de atenciones de bajísima intensidad, un aumento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE. Para llegar de esta manera a una aportación global del veintidos% de la financiación pública, lejísimos todavía del cincuenta% previsto. Se debería estimar que esa inversión produciría veinticinco puestos directos y que se conseguirían unos retornos de doscientos cuarenta M.€ (Seguridad Social, IRPF, Impuesto sobre el Valor Añadido, Sociedades…). Sin contar con los retornos inducidos.

Hasta entonces, a los atendidos deficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio.

La Asociación de directivas y gerentes de servicios sociales resalta de forma positiva el cambio de actitud del Ministerio. Que cumple con uno de los 5 puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre financiación del Sistema.

Deja un comentario