Los derechos de la Víctima de Violencia de Género

Las víctimas en situación de violencia sexista pueden protegerse a la Ley Orgánica 1/2004, de veintiocho de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género. En , se desarrollan una serie de derechos los que la Administración Pública acepta resguardar y asegurar.
 
VG

Entre encontramos:

Derecho a la información (Art. dieciocho)

En este artículo se expone el derecho de las víctimas a ser informadas y asesoradas sobre su situación personal, medidas contempladas en la Ley referentes a su protección y seguridad como de prestación de servicios, recursos o bien ayudas.

Esta información se va a dar con un formato accesible y comprensible (lengua de signos o bien otras modalidades si fuera preciso) para la demandante, garantizándolo desde las Administraciones Públicas.

Derecho a la asistencia social integral (art. diecinueve)

Las víctimas de VDG están en su derecho a servicios sociales de atención, urgencia, apoyo, acogida y restauración integral. Es decir, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales van a deber desarrollar servicios especializados para ofrecer las próximas posibilidades, resaltando que habrán de ser proveídas por equipos profesionales multidisciplinares:

  • Información a las víctimas.
  • Atención sicológica.
  • Apoyo social.
  • Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer.
  • Apoyo educativo a la unidad familiar.
  • Formación precautoria en los valores de igualdad y habilidades de resolución de enfrentamientos (empoderamiento).
  • Apoyo a la capacitación y también inserción laboral.

Cabe resaltar que asimismo van a tener estos derechos los menores que se hallen bajo la patria potestad o bien guarda y custodia de la persona agredida, entendiendo en esta línea, que los servicios sociales, dónde atenderán eminentemente los trabajadores sociales como los educadores sociales y sicólogos, van a deber contar con profesionales expertos en la atención a menores para prevenir y eludir de forma eficiente los posibles daños psíquicos y físicos que las situaciones de VDG puedan producir.

Derecho a la asistencia jurídica (art. veinte)

En este artículo se separa el derecho de las víctimas al asesoramiento jurídico gratuito en el instante de forma inmediata anterior a la interposición de la demanda como la defensa y representación gratis de un letrado como el procurador precisos en los procedimientos administrativos que se derivan en el caso de demanda de VDG.

Este derecho incluye a los familiares de la víctima en el caso de que esta hubiere fallecido, siempre que no fueran participantes de los hechos (semeja evidente, mas es esencial que estos detalles se sostengan en una ley en tanto que eso quiere decir que son razonamientos sólidos judicialmente).

Además, la ley supone que los institutos de abogados asegurarán capacitación concreta de sus profesionales ambiente a la VDG como la designación veloz y urgente en el caso de demanda (eludiendo dilaciones temporales que podrían complicar la situación de la víctima, teniendo presente el contexto de demanda).

Derechos laborales y posibilidades de la Seguridad Social (art. veintiuno-veintitres) equivalentes a los derechos de las funcionarias públicas (art. veinticuatro-veintiseis)

Entendiendo la situación de violencia sexista y con la meta de resguardar a la víctima, la ley recoge en el Estatuto de los Trabajadores derechos directamente relacionados con la VDG. En este sentido, existe el derecho de la víctima a una reducción o bien reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión con reserva de puesto o bien aun la extinción del mismo (dando sitio, evidentemente, a una situación legal de desempleo en los casos de suspensión o bien extinción (considerándose exactamente el mismo como periodo de cotización a efectos de posibilidades de la seguridad social y desempleo).

Del mismo modo, las ausencias como las faltas de puntualidad al trabajo derivadas por la situación física o bien sicológica se considerarán justificadas (si bien han de ser ratificadas por Servicios Sociales o bien los Servicios Sanitarios, en dependencia de la causa), si bien habrán de ser comunicadas a la compañía a la mayor brevedad posible.

En el caso de las trabajadoras por cuenta propia (autónomas) que deban cesar su actividad laboral por la situación de VDG, se les va a suspender la obligación de cotización durante 6 meses (considerados como cotizados de forma eficaz en concepto de posibilidades de la Seguridad Social, siendo de esta forma considerada como asimilada de alta, tomándose la media de cotización equivalente a los 6 meses anteriores).

Entre los derechos laborales, hallamos asimismo un programa concreto de empleo para víctimas de VDG anotadas como demandantes de empleo con la meta de fomentar su rehabilitación, incluyendo en el programa medidas para la promoción del autoempleo.

En resumen, los derechos laborales y posibilidades de la Seguridad Social que se hallan enmarcadas bajo esta ley son:

  • Derecho a reducción de la jornada, reordenación del tiempo de trabajo (cambio de horario), movilidad geográfica, cambio de centro de trabajo, suspensión laboral (considerado como periodo de cotización eficaz) o bien extinción del contrato.
  • Ausencias o bien faltas de puntualidad justificadas (han de ser ratificadas por Servicios Sociales o bien los Servicios Sanitarios y comunicadas a la compañía a la mayor brevedad posible).
  • Suspensión de la obligación de cotización a lo largo de seis meses para autónomas (van a ser considerados como cotizados).
  • Programa concreto de empleo y medidas para promoción del autoempleo para víctimas del VDG anotadas como demandantes de empleo.
  • Todos van a estar ligados a la acreditación como víctimas de VDG mediante una orden de protección en favor de la víctima (siendo de esta forma ratificado por vía judicial). Excepcionalmente, va a poder acreditarse con un informe del Ministerio Fiscal hasta el momento en que se dicte dicha orden de protección.
Derechos económicos (art. veintisiete-veintiocho)

En general, resulta en especial controvertido este apartado de la ley, mas encontraremos explicaciones con ejemplos para poder comprender mejor el contexto de la ley.

Si la víctima de VDG carece de una renta superior al diecisiete% del sueldo mínimo interprofesional excluyendo la parte proporcional de 2 pagas excepcional, (esto es, teniendo presente que el SMI dos mil dieciseis es de seiscientos cincuenta y cinco con veinte€ – conforme datos del Real Decreto 1171/2015, de veintinueve de diciembre – serían ciento once mil trescientos ochenta y cuatro€ mensuales), van a recibir una ayuda de pago único toda vez que se alardee que debido a su edad, falta de preparación general o bien especializada y circunstancias sociales va a tener singulares contrariedades para localizar empleo (y, obviamente, no participará en los programas de demanda de empleo).

Dicho de otra forma, aquellas mujeres víctimas de violencia sexista que por circunstancias sociales tengan más contrariedades para localizar empleo, como no tener experiencia laboral debido a la dedicación total del trabajo reproductivo (cuidar a los pequeños, hacer las labores familiares, cuidar de personas mayores, etc), tener una edad avanzada o bien no tener preparación educativa para localizar una ocasión laboral van a ser susceptibles de percibir esta ayuda. Sería el caso de María, de cincuenta y ocho años, ama de su casa que no tiene experiencia laboral salvo cuidando a personas mayores mas bajo la economía sumergida (generalmente famosa como “trabajar en negro”) y que actualmente tiene inconvenientes de espalda para ocuparse de ese género de trabajos.

Ésta ayuda equivaldría a seis meses de subsidio por desempleo (conforme el INEM el subsidio por desempleo son cuatrocientos veintiseis€ mensuales, siendo una ayuda de pago único de dos con quinientos cincuenta y seis€). En el caso de tener reconocida una discapacidad igual o bien superior al 33%, la ayuda sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo (esto es, cinco con ciento doce€). Si la víctima tuviera responsabilidades familiares (cuidado de hijos o bien personas mayores) el importe equivaldría a 18 meses (esto es, siete con seiscientos sesenta y ocho€); la ayuda sería a lo largo de 24 meses (, esto es, diez con doscientos veinticuatro€), en el caso de que la víctima o bien ciertos familiares que conviven con ella tuvieran el reconocimiento de discapacidad del 33% o bien mayor.

Para percibir esta prestación, el Servicio Público de Empleo va a deber dar un informe exponiendo los motivos por los que un programa de empleo no incidiría de forma substancial en la empleabilidad de la adjudicataria.

Cabe resaltar la prioridad de las víctimas de VDG en el acceso a la residencia y viviendas públicas para mayores como derecho económico recogido en la Ley.

Estas posibilidades sociales por VDG son compatibles con las previstas en la Ley 35/1995, de once de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

En resumen, los derechos económicos recogidos en la Ley contra la VDG son los siguientes:

  • Prestación para aquellas víctimas que tengan una renta menor del setenta y cinco% del SMI y tengan singulares contrariedades para un empleo (verificado por el informe del Servicio Público de Empleo) de pago único a lo largo de seis meses (doce meses si tiene el certificado de discapacidad del treinta y tres% o bien superior, dieciocho meses si tiene responsabilidades familiares y veinticuatro meses si ciertos familiares convivientes con ella tiene el certificado de discapacidad del treinta y tres% o bien superior).
  • Acceso prioritario a la residencia y viviendas públicas para mayores.
  • Compatibilidad con las ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (35/1995).

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