Medidas para agilizar el Ingreso Mínimo Vital, ante el colapso de la Seguridad Social

Tras conocer las nuevas medidas para la administración del Ingreso Mínimo Vital (IMV) que se han publicado el BOE del 23 de septiembre por medio de un Decreto Ley, creemos preciso el ahondar un tanto más en lo que consisten dichas medidas.

Lo primero que debemos tomar en consideración es, que aunque estas modificaciones han llegado, han llegado tarde.

Aunque se detalla en la mayor parte de los casos que las medidas tendrán presente tanto a las solicitudes venideras como a las existentes, hay un conjunto de población a la que se le ha requerido documentación. Como por poner un ejemplo empadronamiento o bien certificado de demandante de empleo y que ha debido regresar a aportar estos documentos.

Debido a los inconvenientes para conseguir una cita previa con las instituciones, si a esto sumamos las líneas de atención telefónica sobresaturadas y que en el caso de lograr esta cita, tarde más de un par de semanas. Teniendo un plazo máximo de 10 días para aportar los documentos requeridos. Nos hallamos frente a unas trabas administrativas difícilmente sorteables, que solo dejan la vía Online. Vía que no tiene presente la brecha digital que padecen muchos demandantes de esta ayuda.

No sabemos si en estos casos se marcha a aplicar el cotejo por medio de la base de datos de la seguridad social o bien les va a ser rechazada. Y en un caso así van a deber efectuar una nueva petición contando ya con las nuevas medidas.

Se extensa el carácter retroactivo al treinta y uno de diciembre

Si bien es verdad que, en tal caso, estas personas proseguirían en plazo a fin de que, en el caso de resolución positiva se le realice el pago con carácter retroactivo desde el 1 de junio, como bien señala el BOE. Aun de este modo, no podemos olvidar el perjuicio de una larga espera de meses para las familias que lo precisan y se hallan excedidas por la pandemia mundial que estamos padeciendo.

Se extensa el plazo de resolución a un máximo de seis meses

Si bien el plazo se extensa de tres a seis meses, esto no es en si una ampliación del plazo de resolución, si no pero bien el empleo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La como ya empleaba la seguridad social antes que el Gobierno avisara de esta ampliación.

Una ley que señala que avisando del requerimiento de documentación al demandante o bien a otra administración, el INSS paraliza el tiempo de resolución pudiendo ganar un tiempo extra de hasta tres meses.

Demandantes de empleo

En cuanto al requisito de ser demandante de empleo, debemos tener presente que no ha sido eliminado, sino se ha transformado en una obligación “a posteriori”. Es decir, en el instante en el que presentemos la petición, no va a ser preciso acreditar que estamos anotados como demandantes de empleo. Sin embargo, sí que hay que acreditarlo en un plazo de 6 meses desde la aprobación del IMV.

Teniendo asimismo en cuenta que es un requisito que incluye a todos y cada uno de los miembros de la unidad familiar, no solo a la persona demandante, a salvedad de: menores de veintiocho años que se hallen cursando estudios reglados, los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, como a personas mayores de sesenta y cinco años, discapacitadas en un grado igual o bien superior al sesenta y cinco%, en situación de dependencia reconocida o bien perceptoras de pensiones contributivas de incapacidad permanente absoluta o bien de gran invalidez; de invalidez no contributiva o bien jubilación no contributiva.

Certificado de empadronamiento

En relación al certificado de empadronamiento, de ahora en adelante las familias no tendrán que aportar dicho documento, puesto que se marcha a efectuar la comprobación desde la propia Administración. Tampoco va a ser preciso que la unidad familiar firme el permiso ya antes requerido.

Rentas mínimas de inserción y el ingreso mínimo vital

Otro punto interesante es el que señala que se agilizará la integración de las rentas mínimas de inserción autonómicas con el IMV. Según aparece en el texto publicado: “sobre las rentas de las CCAA, el INSS podrá reconocer a estas personas hasta el 31 de diciembre de 2020 si la comunidad autónoma certifica la constitución de la unidad de convivencia y tiene en su poder la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos de la prestación. (Salvo el de vulnerabilidad económica, que se comprueba con la Agencia Tributaria o con las haciendas forales)”.

Podemos comprender que aquellas personas que en nuestros días sean adjudicatarias de una renta mínima de inserción van a poder integrarla al IMV siempre que se confronten los requisitos precisos y no superen el máximo estipulado entre las dos posibilidades. Parece que este paso va a estar a cargo de los Servicios Sociales pertinentes al usuario, lo que es un paso atrás, puesto que se trata de un sector plenamente sobresaturado y falto de personal. Aumentarle la carga con competencias que son de la seguridad social pone en duda que vaya a agilizar el trámite como se viene anunciando. Tendremos que ver de qué manera se desarrolla este punto y de qué manera se va a abordar desde los Servicios Sociales.

Se endurecen las condiciones para las personas que viven solas y las parejas de hecho

Por último, y no menos esencial, debemos observar el endurecimiento de las condiciones cara las personas que viven solas y las parejas en verdad.

Para las personas que vivan solas, se ha estipulado que deben tener cotizados doce meses, han de ser en los últimos tres años. Tal y como está el panorama laboral en este país, podemos comprender que no todas y cada una de las personas han podido cotizar doce meses en los últimos tres años, puesto que, habitualmente, los trabajos son a media jornada o bien aun menos horas. Por ello, no podemos comprender que se castigue a un colectivo que lucha contra la precariedad laboral desde ya antes de la COVID diecinueve.

En cuanto a las parejas en verdad, se les demanda que acrediten que forman una unidad de convivencia con un mínimo de dos años. En la temporada en la que estamos cuesta comprender que no se contemple como familia o bien unidad de convivencia a una pareja que no esté casada. Dos personas que convivan sin ser un matrimonio o bien siendo pareja en verdad deberían tener los mismo derechos y beneficios que aquellas que están casadas.

Todas estas medidas se terminan de hacer públicas, con lo que deberemos observar de qué manera se marcha desarrollando. Aunque pongamos en crítica algunos puntos del nuevo Decreto Ley. Debemos ser siendo conscientes de que se ha dado un enorme paso a fin de que dentro de poco las familias sean, por lo menos notificadas con su resolución, así sea negativa o bien positiva.

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