Medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios en la Comunidad de Madrid

Se aprueba la suspensión inmediata y por un plazo de un par de años de los desahucios de las familias que se hallen en una situación de singular peligro de exclusión y la constitución de un fondo social de residencias en alquiler cuando hayan sido desalojadas de su residencia frecuente por el impago de un préstamo hipotecario

Requisitos

Que se hallen en uno de los próximos colectivos de singular vulnerabilidad:

  • Familia abundante, conforme a la legislación actual.
  • Unidad familiar monoparental con 2 hijos a cargo.
  • Unidad familiar de la que forme parte un menor de 3 años.
  • Unidad familiar en la que alguna de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al treinta y tres%, situación de dependencia o bien enfermedad que le incapacite acreditadamente permanentemente para efectuar una actividad laboral.
  • Unidad familiar en la que el deudor hipotecario se halle en situación de desempleo y haya agotado las posibilidades por desempleo.
  • Unidad familiar con la que convivan, en exactamente la misma residencia, una o bien más personas que estén unidas con el titular de la hipoteca o bien su cónyuge por vínculo de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o bien afinidad, y que se hallen en situación personal de discapacidad, dependencia, enfermedad grave que les incapacite acreditadamente de forma temporal o bien permanente para efectuar una actividad laboral.
  • Unidad familiar en que exista una víctima de violencia sexista, de conformidad con lo establecido en la legislación actual, caso de que la residencia objeto de lanzamiento formen su domicilio frecuente.

Que concurran las circunstancias económicas siguientes:

  • Que los ingresos del conjunto de los miembros de la unidad familiar no supere el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Por unidad familiar se comprende la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o bien pareja en verdad anotada y los hijos, independientemente de su edad, que radiquen en la residencia, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o bien acogimiento familiar.
  • Que, en los 4 años precedentes al instante de la petición, el ahínco que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por por lo menos uno con cinco.
  • Que la cuota hipotecaria resulte superior al cincuenta% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que se trate de un crédito o bien préstamo garantizado con hipoteca que recaiga sobre la única residencia en propiedad del deudor y concedido para la adquisición de exactamente la misma.

Creación de un Fondo social de residencias de alquiler para dichos colectivos

El diecisiete de enero de dos mil trece se firma el acuerdo para la constitución de un Fondo Social de Viviendas propiedad de las entidades financieras, destinadas a facilitar el acceso en régimen de alquiler a personas incluidas en los colectivos mentados en el apartado precedente que hayan sido desalojadas de su residencia frecuente por el impago de un préstamo hipotecario y que el desalojo se haya producido desde el día 1 de enero de dos mil ocho.

La duración del contrato de alquiler va a ser de dos años, pudiéndose prorrogar por un año más. La renta del alquiler va a estar comprendida entre un mínimo de ciento cincuenta y un máximo de cuatrocientos euros por mes, con un límite máximo del treinta% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.

Para pedir estas residencias se deben dirigir a la entidad financiera titular del préstamo hipotecario cuyo impago haya producido el desalojo de la residencia frecuente del demandante. Las peticiones aceptadas van a ser valoradas por las entidades al objeto de priorizar aquellas que presenten una mayor necesidad o bien peligro social. Para efectuar la referida valoración, las entidades financieras van a deber pedir informe a los servicios sociales del Ayuntamiento o bien Diputación Provincial que corresponda.

Para más información sobre el procedimiento para pedir estas residencias pueden asistir a la Plataforma del tercer campo, la Federación Española de Municipios y Provincias, como a las entidades locales que se  hayan adherido a este acuerdo. El Convenio va a tener una vigencia de un par de años desde la data de subscripción.

 

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