¿Tiene futuro la Ley de Dependencia?

Esta semana el Consejo Territorial ha aprobado la puesta en marcha del Plan de Choque en Dependencia en 2021 con un aumento de 623 millones de euros, con los que se pretenden reducir de forma notable las listas de espera y los tiempos de tramitación.

Con esta partida de presupuesto pretenden conseguir, para resumir, los próximos objetivos:

  • Eliminar la lista de espera y conseguir la plena atención en once comunidades en este año, y reducirla sensiblemente en el resto.
  • Los gobiernos autonómicos que invierten bajo la media nacional van a deber acrecentar su presupuesto propio.

La realidad en España con las personas dependiente es preocupante. Hoy, existen más o menos 1.349.789 de personas dependientes, de las que, cerca de doscientos treinta y tres mil no reciben ninguna prestación pese a tener derecho a ella, pues han sido reconocidas como dependientes. Agregando que unas ciento cuarenta y mil quinientos cincuenta y seis personas están todavía pendiente de valoración.

Continuamos con las deprimentes cifras: un total de 47.201 personas en las listas de espera de la dependencia murieron entre enero y octubre de 2020, conforme datos del Ministerio de Derechos Sociales recogidos por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Observando estos datos, solo nos queda llegar a la conclusión de que, el sistema de administración de la Ley de Dependencia, falla clamorosamente.

Si bien es verdad que la dependencia es competencia de las comunidades autónomas, y que cada una cuenta con cifras diferentes, la enorme mayoría presenta exactamente los mismos inconvenientes. Tienen una larga lista de espera de personas dependientes aguardando, o su valoración, o su recurso pedido.

Las consecuencias de los recortes y la carencia de financiación

Los graves recortes en 2012 nos han traído años de escasez y faltas en lo que se refiere a inversión en la Ley de Dependencia. Esto se traduce en: falta de medios para la tramitación, falta de personal para la administración, valoración y resolución de los expedientes, y falta de presupuesto para los servicios a los que los dependientes pueden acceder.

Después de 13 años de implantación de la Ley de Dependencia, los motivos de estos retrasos son múltiples, mas desde la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales se apuntan 2 fundamentales:

  • Los consecutivos recortes sufridos en la financiación de la Ley (todavía actuales) «que afectaron gravísimamente a la etapa de despliegue, produciendo enormes bolsas de desatención merced a la simple mas execrable vía de no solucionar los procedimientos por la parte de las administraciones».
  • El ridículo y proceloso entramado burocrático creado por las distintas administraciones que, «lejos de asegurar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, se transforma en una trampa mortal para el acceso al disfrute de posibilidades y servicios.

Es por este motivo que los nuevos presupuestos aprobados por el Gobierno suponen un rayo de esperanza para el campo, traduciéndose en unos mil novecientos veinte millones de euros, lo que supone un incremento del cuarenta y ocho% del presupuesto libre.

Deficiencias en el sistema

Si seguimos examinando las problemáticas detectadas, podemos hacer mención del hecho de que se prioricen los grados II y III, frente a los de grado I.

Este hecho prosigue la lógica de atender ya antes a aquellos dependientes con mayor gravedad, no obstante, lo que ha provocado es que, miles y miles de personas valoradas con un grado I de dependencia, se queden sin recursos. Sus expedientes se han ido dejando al final de la fila, y han acabado por olvidarse con el paso del tiempo. Debemos rememorar que, si bien presenten el grado de dependencia más bajo, no dejan de ser personas con determinada falta de autonomía, que precisan de ayuda y recursos para su vida diaria, y que no la reiben, pese a haber adquirido ese derecho.

Procedimiento burocrático y su tardanza

Otro de los grandes fallos es el proceso burocrático.

La mayoría de comunidades autónomas establecen 2 procedimientos administrativos encadenados (resolución del grado de dependencia y resolución de prestación o bien servicio que gozará la persona). La valoración del grado de dependencia es competencia de la comunidad autónoma. Mientras que de la asignación del servicio (PIA), se encargan los servicios sociales del municipio correspondiente.

Esto, aparte de frenar el procedimiento, crea una enorme confusión para la persona demandante y sus familiares. Ya que en la mayor parte de ocasiones no saben dónde dirigirse para solucionar sus dudas. Lo que les lleva a terminar en un laberinto de citas anteriores y tiempos de espera superfluos para conseguir la información que precisan.

Además, en muchas ocasiones, para cuando llegan semejantes resoluciones, la situación de la persona dependiente ha alterado tanto que hay que regresar a comenzar examinando su grado o bien sus posibilidades.

El tiempo medio de tramitación para solucionar un expediente de valoración de grado de dependencia es de cuatrocientos veintiseis días. Aunque en 4 comunidades se superan los dieciocho meses.

Por normativa, el plazo máximo para solucionar un expediente se ubica en 6 meses (ciento ochenta días) y solo hay 4 territorios por debajo o bien próximos a ese margen en sus promedios: las urbes de Ceuta (setenta días) y Melilla (ciento setenta), el País Vasco (ciento treinta y siete), Navarra (ciento cincuenta y cinco) y Castilla y León (ciento noventa y uno). Por contra, en el otro extremo están Canarias (setecientos ochenta y cinco días), Extremadura (seiscientos setenta y cinco), Andalucía (seiscientos veintiuno) y Cataluña (quinientos setenta y seis).

Teniendo en cuenta que el grueso de las personas demandantes de la dependencia es de mayores de ochenta años y a la vista de estos largos tiempos de espera. Podemos entender que haya tantas personas que mueran sin percibir su prestación o bien servicio, o bien poco más tarde de haberlo logrado.

Otra consecuencia es la demora en ofrecer servicios de apoyo para efectuar las actividades de la vida diaria. Esto, supone gravísimos trastornos a las personas dependientes y produce muy importantes sobrecargas familiares. Especialmente a las mujeres, en tanto que el setenta y cinco% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o bien parejas.

Prestaciones y servicios insuficientes

En cuanto a los servicios ofrecidos, tanto los servicios sociales, como las familias, coinciden en que son insuficientes:

  • Las posibilidades económicas por cuidados familiares tienen un monto medio mensual de doscientos cuarenta y siete euros. Tiene un monto promedio de 140 €/mes para el Grado I, doscientos cuarenta y cinco €/mes, para el Grado II y trescientos cuarenta €/mes para el Grado III. Esto cambia en dependencia de la comunidad autónoma en la que se radique. Pero del mismo modo, no es una cantidad acorde con las necesidades que pueda producir una persona dependiente.
  • La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 17h/mes para los Grado I; de treinta y cinco h/mes para los Grado II y de 54h/mes para los Grado III. De media, son apenas 2 horas y media al día de lunes a viernes, ciertos llegan a los fines de semana si se reduce el tiempo diario. Lo que, obviamente, no cubre las necesidades completas de una persona dependiente.

Muchas familias se quejan de que apenas les da a fin de que limpien la casa por encima y atiendan su higiene y cuidado personal. Apenas se pueden permitir tampoco, que los acompañen a la calle para dar un camino.

Además, en la mayor parte de los casos, no supone una solución terminante. Ya que a lo largo del resto del día las familias deben hacerse cargo de las personas dependientes. O invertir en cuidadores privados para el resto de las horas del día.

Con todos estos datos podemos revisar la desatención que viven nuestras personas dependientes, en su mayor parte, mayores de setenta, ochenta y noventa años.

Un país avejentado

España es un país envejecido, con una alta tasa de personas mayores. Por lo que, no se comprende de qué forma no tenemos un sistema fuerte que garantice la protección y los derechos de las personas que precisan ayuda diaria para su vida cotidiana.

Pondremos todas y cada una nuestras esperanzas en que el reciente plan de choque anunciado por el Gobierno, empiece a prosperar el sistema de la Ley de Dependencia, que tan estropeado y descuidado tenemos.

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